La titular de la cartera nacional de Seguridad, Patricia Bullrich, apuntó contra los movimientos sociales y sindicatos y afirmó que "los que manejan la política social se creen que tienen el poder de dominar y explotar a la gente".

La funcionaria nacional señaló que recibieron "80 mil llamadas que hablan de extorsión, aprietes, abusos sexuales, imposiciones" en contra de movimientos sociales y sindicatos. Dio varios ejemplos, entre ellos, dos referidos a Florencio Varela, que señalaba que los beneficiarios de los planes enfermos de cáncer eran obligados a participar en las marchas bajo amenaza de retirarles el acceso a los medicamentos oncológicos, y que si llevaban niños recibían una bonificación, y debían movilizarse caminando por las calles en vez de las veredas, desafiando abiertamente el protocolo antipiquetes. 

La ministra de Seguridad estuvo acompañada por su par de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el gobernador de Chaco, Leandro Zdero; el diputado Iván Gyöker; y el ministro de Seguridad de esa provincia, Hugo Daniel Matkovich.



En conferencia de prensa en la Casa Rosada, Bullrich anticipó que el Gobierno avanzará con "un cambio total y absoluto de estos gerentes, que ya no son gerentes de la pobreza, sino de la explotación total y absoluta del ser humano utilizando su condición de vulnerabilidad".

Asimismo, la ministra denunció una red de trata que operaba en la provincia de Chaco, a través de la entrega de planes sociales, y que -según precisó- era comandada por el dirigente piquetero de la Corriente Clasista y Combativa, Jorge Bregui, detenido y acusado de prostituir mujeres a cambio de otorgar y administrar las asistencias. 

Los funcionarios detallaron que el intermediario retenía las tarjetas, obligaba a las víctimas a asistir a marchas, y se quedaba con la asistencia estatal. “Estas prácticas extorsivas no tienen más lugar en este Gobierno. No más intermediarios”, reafirmó Bullrich.

El ex gobernador chaqueño Jorge Capitanich fue señalado por los ministros que responden al presidente Javier Milei y acusado de tener vinculaciones con la red de trata que regía mientras estaba al frente de la provincia. “El Gobierno anterior de Chaco dejó hacer porque sus funcionarios recibían estas dadivas sexuales. Hasta eso se ha llegado”, planteó la ex presidente del PRO. 

Por su parte, Cúneo Libarona sostuvo que en Chaco opera una matriz delictiva, con un proceder sistemático que cuenta con medios y una estructura para mantenerse en el tiempo, por lo que se comprometió, instrumentado por el mandatario, a “destruirla”. Además, contó que trabaja en una nueva figura delictiva, un tipo penal especial, vinculado a los intermediarios de los planes sociales y al fraude con el dinero malversado de la ayudas estatales.

“Vamos a dar apoyos normativos, proponer nuevos delitos y el incremento de las penas para que se sancione con proporcionalidad y manos justa estos delitos tan aberrantes”, prometió. 

A su turno, el gobernador Zdero expresó que tomó la decisión de luchar contra la corrupción, y reveló que elevó denuncias a la justicia provincial producto del “uso de beneficio sociales para el enriquecimiento de los dirigentes sociales cuando cada vez tenemos más pobres en la provincia del Chaco”.