“El referido proyecto que “en teoría” pretende “simplificar” el proceso previsto en nuestro ordenamiento jurídico al traspasar el divorcio a sede administrativa desvirtúa la protección efectiva de los derechos de todos los justiciables, generando el estado de indefensión de aquellos que resultan más vulnerables”; indica el comunicado.

 “La especialización del fuero de familia y sus reglas de procedimiento relativas a los divorcios quedan garantizados a través del asesoramiento calificado, o sobre diversos efectos como por ejemplo: el cese y/o continuidad de la obligación alimentaria entre cónyuges, determinación de la fecha en que opera la división de bienes, atribución de hogar y medidas cautelares para evitar fraude matrimonial, el plazo de caducidad para interponer el reclamo de la compensación económica, requiriendo un análisis pormenorizado de sus alcances a los fines de evitar la pérdida de derechos de los justiciables en materia de los efectos derivados del divorcio, que sólo puede ser a través de un letrado/a”.

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“El proyecto parece valorar más un trámite administrativo que la efectiva protección de los derechos de los justiciables, es por ello que se rechaza el proyecto de Ley sobre divorcios administrativos, cuyo tratamiento debe permanecer en sede judicial con asistencia letrada obligatoria, preservador los derechos fundamentales de toda la sociedad”; finaliza el texto.