El Gobierno nacional presentará este lunes una denuncia penal contra la jueza Karina Andrade, previamente cuestionada por el ministerio de Seguridad tras haber liberado a las pocas horas a 114 presos durante la marcha de los jubilados del pasado 12 de marzo frente al Congreso.

Desde la cartera que conduce Patricia Bullrich también adelantaron que la acusación contra la magistrada no sólo será por el incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato, sino también por haber sido “deliberadamente funcional al delito de sedición y atentado al orden público”.

En paralelo también le pedirán al Consejo de la Magistratura que evalúe si Andrade debe ser sancionada por su accionar en el expediente que investiga la violencia en la marcha de los jubilados, que contó con el apoyo de barras y militantes políticos.

Para el Gobierno, el accionar de la jueza fue “un desastre”. Argumentan que liberó a más de 100 detenidos “por Whatsapp” sin haber accedido a las actuaciones, sin haber controlado la prueba y sin haber verificado la existencia de antecedentes penales de los detenidos.

Según el oficialismo, varios de los involucrados tenían un historial delictivo por lesiones, atentado contra la autoridad, amenazas agravadas, tenencia de armas de fuego, tráfico de estupefacientes y robos, entre otros.