Esperé varios días para expresarme sobre la construcción de una Alcaidía en Quilmes. Vi numerosas publicaciones y comentarios basados en el prejuicio y el desconocimiento, cuando no impulsando la desinformación.

Pero cuando el tema fue planteado por concejales de "juntos por el cambio", apelando a los niveles más atrasados de conciencia democrática, creo necesario aportar desde la mirada constitucional y de respeto a los Derechos Humanos, que lejos de menoscabar el bienestar general, lo promueve.

Primero hay que decir que una Alcaidía es un lugar de detención para alojar personas en forma transitoria, hasta tanto el Poder Judicial determine su situación procesal, lo que puede derivar en su posterior liberación o el dictado de la prisión preventiva.

Construir una en Quilmes, como existen en Avellaneda o en Lomas de Zamora, no implica que haya más o menos personas detenidas en el territorio distrital. Hoy, en Quilmes hay casi 600 hombres, mujeres y personas de géneros disidentes detenidxs en las comisarías. Muchas de estas personas hace más de un año que se encuentran en esta situación, en lugares totalmente inadecuados.

Ello implica una cuadro explosivo, por hacinamiento o por condiciones edilicias, que llevaron a que tanto el Ministerio de Seguridad como el Poder Judicial hayan clausurado los calabozos. A pesar de lo cual se siguen utilizando, y no por esta gestión, sino que viene de arrastre de lo que dejó María Eugenia Vidal y su ministro Cristian Ritondo. Incluso hemos vivido situaciones de fuga y de protesta de familiares y detenidos con los consecuentes riesgos. Y todo ello agravado por la pandemia.

La construcción de una Alcaidía implicará dar una respuesta adecuada a este problema de larga data.

Por otra parte, urge atender la legítima demanda de quilmeñxs con prisión preventiva o cumpliendo pena, que se encuentran privados de la libertad en unidades penitenciarias a cientos de kilómetros de sus seres queridos.

Cotidianamente desde la Dirección General de Violencia Institucional atendemos justas demandas de detenidxs, o sus familiares que claman por acceso a la salud, o por agravamiento de sus condiciones de detención y múltiples situaciones degradantes que la Constitución prohíbe expresamente en su artículo 18 "Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice".

Por lo cual también deben construirse Unidades Penitenciarias próximas. Las más cercanas a Quilmes son las de Florencio Varela, que se encuentran superadas en su capacidad. Y no sólo por el acceso al contacto con las familias, sino por los necesarios traslados hasta los juzgados, para los trámites que requieren los procesos normales.

En síntesis, un gobierno comprometido con los Derechos Humanos debe dar solución de manera impostergable a este grave problema que, mientras se logren efectivas políticas sociales y las acciones judiciales y legislativas que deriven en una correcta disminución del número de personas privadas de la libertad, debe solucionar este cuadro de situación que agravia la posibilidad de lograr que quien entró en conflicto con la ley recupere una vida integrada a nuestra comunidad.

Como dijo Fiódor Dostoyevski "El grado de civilización de una sociedad se mide por el trato a sus presos".

Walter Ormazábal
Director General de Violencia Institucional de la Municipalidad de Quilmes