El Gobierno les aplicó el derecho de admisión a 26 hinchas involucrados en los destrozos de la marcha de los jubilados. La medida fue establecida por el ministerio de Seguridad y oficializada este lunes en el Boletín Oficial.

Se trata de una parte de los detenidos por las fuerzas federales tras el enfrentamiento y los incidentes en la plaza del Congreso, de los cuales la mitad cuenta con antecedentes penales y pedidos de captura activos.

La Resolución 343/2025, que lleva la firma de Patricia Bullrich, les impone a estos 26 hinchas una "restricción de concurrencia administrativa" en todo el territorio argentino por las “actuaciones sumariales” caratuladas en la causa como "atentado y resistencia a la autoridad".

De acuerdo a la normativa, las actuaciones se iniciaron “con motivo de los episodios de violencia de público conocimiento, protagonizados por grupos de personas identificadas en su mayoría con divisas deportivas de clubes de fútbol, en la Plaza del Congreso y sus adyacencias".

Los considerandos de la Resolución indican que las personas señaladas actuaron “en supuesto apoyo a las reuniones que habitualmente congregan a jubilados” y protagonizaron "incidentes que derivaron en la intervención de efectivos de Gendarmería Nacional, Policía Federal, Prefectura y Policía de la Ciudad".

“La aplicación de los protocolos y reglamentos vigentes en la materia lograron reducir y detener a los agresores que produjeron desmanes, arrojaron proyectiles y objetos punzocortantes contra efectivos, personas, bienes de dominio público y privado, vehículos y móviles de las distintas fuerzas apostadas en el lugar", agrega uno de los considerandos.

En el cierre de la Resolución, acusaron a los 26 hinchas que participaron de la marcha de los jubilados de “provocar heridas de distinta consideración a 31 efectivos de las fuerzas de seguridad presentes en el operativo de prevención".